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El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha comparecido
en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado
el Proyecto de Ley de la viña y el vino, texto
que obedece a la necesidad de adecuar a la legislación
actual vigente, el Estatuto de la Viña y el Vino
de 1970, al actual ordenamiento constitucional, que
configura el Estado de las Autonomías, y a la
actual normativa comunitaria, según informa un
comunicado del propio Ministerio de Agricultura.
El ministro Arias ha destacado
que el texto ha sido objeto de discusión con
los representantes de las Comunidades Autónomas
y de los sectores productor y transformador, así
como con los consejos reguladores. Asimismo, en la elaboración
de la Ley se han tenido en cuenta las conclusiones aprobadas
por unanimidad en el Congreso de los Diputados en febrero
de 1988 y se ha recabado el preceptivo informe del Consejo
de Estado.
El Proyecto de Ley consta de
una exposición de motivos en la que se explica
la necesidad de proceder a la renovación de la
legislación actual en la materia y cuatro títulos.
El Título I define el ámbito de aplicación
y los aspectos generales de la vitivinicultura y el
Titulo II establece regula el sistema de protección
del origen y la calidad de los vinos. El régimen
sancionador se recoge en el Título III y mediante
el Título IV se crea un órgano de carácter
consultivo que se denominará Consejo Español
de Vitivinicultura, integrado por representantes de
la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las organizaciones
más representativas del sector.
En el texto se desarrollan los
extremos relativos a la protección de la calidad
y el origen de los vinos y determinadas cuestiones concernientes
al régimen de plantaciones, replantaciones y
transferencias de derechos. De las cuestiones reguladas,
tres merecen destacarse por su particular incidencia:
las menciones tradicionales en los vinos, el sistema
de protección y la organización y funcionamiento
de los Consejos Reguladores y órganos de gestión.
Asimismo, en el Proyecto de Ley
se ha optado por un modelo de independencia entre los
órganos encargados de la gestión y los
órganos encargados del control. La norma también
recoge un régimen sancionador en el que se establecen
las obligaciones de los interesados y las facultades
de los inspectores, las medidas cautelares y la determinación
de competencias sancionadoras.
Por otro lado, el ministro Arias
ha destacado la total armonía que existe entre
este Proyecto de Ley y el de prevención del consumo
indebido de bebidas alcohólicas. El consumo responsable
por parte de la población adulta de una bebida
como el vino debe ser diferenciado del consumo de otras
bebidas alcohólicas obtenidas por destilación
con un contenido alcohólico.
Tras exponer los objetivos y
contenido del Proyecto de Ley, Miguel Arias Cañete
ha hecho referencia a las cuatro enmiendas a la totalidad
presentadas, respectivamente, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Mixto-Chunta Aragonesista, el Grupo
Mixto-Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Mixto-Esquerra
Republicana de Cataluña, y rechazadas en el Congreso.
El ministro ha manifestado que
ninguna de las enmiendas presentadas ha ofrecido un
modelo definido para el sector vitivinícola español,
al carecer de línea conductora y de una política
definida.
El comunicado de Agricultura
señala que frente a las observaciones que ha
realizado el grupo socialista en su enmienda, Arias
Cañete ha respondido que el proyecto plantea
un modelo de defensa de la calidad de los vinos españoles
más amplio, más racional, más flexible
y riguroso.
Así, ha señalado
que el sistema es más amplio porque introduce
nuevas categorías para los vinos, lo que permite
diversificar la oferta; es más racional porque
permite una progresión paulatina a la que se
pueden acoger los productos a medida que van demostrando
el cumplimiento de los requisitos exigibles a cada uno
de ellos; es más flexible porque permite la elección
por el operador del nivel de protección a que
desea acogerse; y, por último, es más
riguroso, porque establece en todos los casos mecanismos
de control para que se cumplan los requisitos exigibles.
Después de argumentar
por qué el proyecto de ley respeta el sistema
de competencias establecido en la Constitución
y la regulación comunitaria, el ministro ha concluido
que la posición del Grupo Socialista le parece
ajena a la realidad del sector español y va en
contra de los intereses de las denominaciones de origen
tradicionales.
Respecto a la enmienda a la totalidad
planteada por la Chunta Aragonesista, Arias Cañete
ha contestado, entre otros aspectos, que esta nueva
ley establece un sistema de protección que imposibilita
eludir los controles y confundir al consumidor respecto
al origen de los productos.
Sobre el contenido de las otras
dos enmiendas planteadas, el ministro se apoyó
en el informe emitido por el Consejo de Estado para
insistir en que el proyecto no vacía de contenido
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas,
y, por el contrario, se dicta con el objetivo de establecer
un marco común a todo el Estado que garantice
unos mínimos para asegurar la competencia leal
y la protección de los intereses de los consumidores.
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